enlace LA NUEVA REPUBLICA
AUNQUE NO COINCIDO PLENAMENTE CON TODO LO EXPRESADO POR PABLO SEBASTIAN EN SU ARTICULO "LA NUEVA REPUBLICA", EN ÉL DENOTA UN ALTISIMO GRADO DE ANALISIS CRITICO, QUE SI COMPARTO EN SU TOTALIDAD. Y QUE VINIENDO, DE QUIEN VIENE, JUSTIFICA DE SOBRA SU INCLUSION EN ESTE MODESTO ESPACIO VIRTUAL. ME EXPLICO. NO COMPARTO AL CIEN POR CIEN TODAS LAS COSAS QUE DICE, PERO SI COINCIDO CON ÉL, EN QUE TODAS, AL MENOS DESDE UN PUNTO DE VISTA CRITICO, SON VERDAD. ME CONSTA QUE SU PUNTO DE VISTA CENTRADO, DE ESTE ARTICULO, ES UN REFERENTE DEL PENSAMIENTO DE MUCHISIMAS PERSONAS DE CENTRO IZQUIERDA BIEN INTENCIONADAS, Y QUE IGUALMENTE FIRMARIAN MUCHAS DE DERECHAS, COMO YO. DE AHI QUE RECOMIENDE SU LECTURA.
La diosa Cibeles, luciendo la bandera republicana en la festividad sindical del Primero de Mayo, se ha convertido en símbolo del momento político español, tanto por los gestos del presidente Zapatero de reconocimiento de los valores de la II República española como causa y origen de la actual partitocracia en España, como por el dramatismo con el que son recibidas estas escenas, post o prerrepublicanas, en los sectores políticos y periodísticos (PP y ABC) más conservadores y monárquicos de la sociedad. Lugares desde donde se denuncia un cambio soterrado de régimen, ligando el nuevo horizonte republicano a la reforma en marcha del modelo territorial y confederal, a la euforia de la negociación con ETA y al incierto modelo de Estado aún por llegar.
Las declaraciones del secretario general del PP, Ángel Acebes, acusando al presidente Zapatero de alentar la proliferación de símbolos inconstitucionales son, además de un error político mayúsculo —¿quién le ha dicho a Acebes que agitar en una manifestación la bandera tricolor es inconstitucional?—, la prueba de su incapacidad política y de los primeros dirigentes del PP que permiten que este personaje, después de lo que ocurrió el 11M siendo él ministro de Interior, siga en la primera línea de la política española. En compañía de otros bronquistas que también tuvieron responsabilidades y protagonismo en aquellos días dramáticos en los que la falta de previsión policial y las mentiras calculadas de la guerra de Iraq y de la autoría de la masacre islámica expulsaron a la derecha del poder en los comicios del 14 de marzo del 2004.
Si a todo ello añadimos la soberbia y el autoritarismo que exhibió Aznar en su segunda legislatura y la irracional cacería de los nacionalistas moderados de PNV y CiU —con los que había gobernado en su primer mandato—, encontraremos las causas inmediatas (no las de fondo) de carencias democráticas e históricas de la actual crisis nacional española. Porque Aznar le entregó el poder a Zapatero con la misma facilidad que, al margen de su partido, designó con su dedo autoritario a Rajoy como sucesor.
Un Zapatero llegado al liderazgo del PSOE tras la crisis de corrupción que invadió los gobiernos de González y que provocó un vacío de liderazgo y credibilidad en el partido, y que subido en un populismo de oportunidad puso en marcha sin control democrático las que son sus “tres gracias” del momento político español: la reforma confederal del Estado ejemplarizada en el soberanista e inconstitucional Estatuto catalán que pilotó ERC y que hoy conduce CiU, la negociación con ETA de la mano de Batasuna y la apertura inconsciente del debate republicano con la previa revisión de la Guerra Civil, poniendo en valor y en evidencia las carencias del vigente sistema político español, en el que la soberanía reside en el poder de la dirección de los partidos políticos —y no en los ciudadanos—, en la partitocracia.
Un sistema político de acumulación de poderes y no representativo que, tras la muerte del dictador Franco y en ausencia de un periodo democrático y constituyente, se arrogó el dominio del régimen de la transición con la misma arbitrariedad con la que ahora, al margen de la soberanía nacional, se erige en motor de una reforma constitucional hacia un incierto modelo confederal del Estado, en el que la Monarquía, que antes reinstauró el dictador Franco, y avaló los cambios —no constituyentes— de la transición, participa como convidada de piedra en las sorprendentes e improvisadas transformaciones que por la vía de hechos consumados nos conducen hacia nadie sabe dónde en menoscabo de la verdadera regeneración democrática y en pos del desprecio y la destrucción de todos los signos de identidad, Historia, unidad territorial y lengua de la nación española.
La nación española que el propio Zapatero se preocupó de menospreciar calificándola de discutida y discutible, con el solo objetivo de permanecer en el poder a lomos de los dirigentes y partidos más irresponsables del momento político español: ERC, Batasuna, IU, CiU y ERC. Y todo ello con la ayuda de un PSOE descapitalizado de dirigentes de nivel y responsabilidad nacional —su última habilidad ha sido la de anunciar un pacto de gobernabilidad entre el PSOE y Batasuna en el País Vasco—, y la complicidad descarada y acaparadora de favores de su entorno mediático, cultural y de propaganda electoral, el grupo editorial que ocultó y amparó la corrupción del felipismo.
Si alguien está pensando en utilizar la bandera de la República para tapar las vergüenzas de la transición, como con la transición se taparon las del franquismo, se va a equivocar. El ideal republicano —la Nueva República, que no puede ser hija de los errores de la II República, y de aquel dramático periodo de guerras, española y europeas, de miseria y trincheras ideológicas extremas que hoy no existen— no puede tener más objetivo que la recuperación de la soberanía ciudadana nacional, la separación de poderes del Estado, la representatividad electoral —al margen del poder de los partidos y eliminando, por ley electoral, el chantaje de las minorías nacionalistas al Estado— y la recuperación de las libertades plenas —sobre todo la de información y expresión— al margen de los grupos de presión editorial que hoy coartan y condicionan la crisis nacional, como desvirtuaron en su momento el objetivo democrático de la transición.
La Monarquía, si se plantea un periodo constituyente (como reclama ABC), y que le debe a los españoles un referéndum entre Monarquía y República, podría intentar un modelo original de convivencia (como el que en su día le ofreció Maurice Diverger al Conde de Barcelona, con la monarquía presidencialista) con el ideal republicano, pero para ello, muy difícil de llevar a cabo en la vigente diáspora y confusión del Estado en la que la Corona parece conformarse con un reino confederal, haría falta recuperar el sentido común y el rumbo de la política española con un pacto de urgencia supervisado por la soberanía nacional. Algo que se antoja casi imposible de imaginar. De ahí que a medio plazo la Nueva República —no heredera de la II República— tendrá algún día su oportunidad.
La diosa Cibeles, luciendo la bandera republicana en la festividad sindical del Primero de Mayo, se ha convertido en símbolo del momento político español, tanto por los gestos del presidente Zapatero de reconocimiento de los valores de la II República española como causa y origen de la actual partitocracia en España, como por el dramatismo con el que son recibidas estas escenas, post o prerrepublicanas, en los sectores políticos y periodísticos (PP y ABC) más conservadores y monárquicos de la sociedad. Lugares desde donde se denuncia un cambio soterrado de régimen, ligando el nuevo horizonte republicano a la reforma en marcha del modelo territorial y confederal, a la euforia de la negociación con ETA y al incierto modelo de Estado aún por llegar.
Las declaraciones del secretario general del PP, Ángel Acebes, acusando al presidente Zapatero de alentar la proliferación de símbolos inconstitucionales son, además de un error político mayúsculo —¿quién le ha dicho a Acebes que agitar en una manifestación la bandera tricolor es inconstitucional?—, la prueba de su incapacidad política y de los primeros dirigentes del PP que permiten que este personaje, después de lo que ocurrió el 11M siendo él ministro de Interior, siga en la primera línea de la política española. En compañía de otros bronquistas que también tuvieron responsabilidades y protagonismo en aquellos días dramáticos en los que la falta de previsión policial y las mentiras calculadas de la guerra de Iraq y de la autoría de la masacre islámica expulsaron a la derecha del poder en los comicios del 14 de marzo del 2004.
Si a todo ello añadimos la soberbia y el autoritarismo que exhibió Aznar en su segunda legislatura y la irracional cacería de los nacionalistas moderados de PNV y CiU —con los que había gobernado en su primer mandato—, encontraremos las causas inmediatas (no las de fondo) de carencias democráticas e históricas de la actual crisis nacional española. Porque Aznar le entregó el poder a Zapatero con la misma facilidad que, al margen de su partido, designó con su dedo autoritario a Rajoy como sucesor.
Un Zapatero llegado al liderazgo del PSOE tras la crisis de corrupción que invadió los gobiernos de González y que provocó un vacío de liderazgo y credibilidad en el partido, y que subido en un populismo de oportunidad puso en marcha sin control democrático las que son sus “tres gracias” del momento político español: la reforma confederal del Estado ejemplarizada en el soberanista e inconstitucional Estatuto catalán que pilotó ERC y que hoy conduce CiU, la negociación con ETA de la mano de Batasuna y la apertura inconsciente del debate republicano con la previa revisión de la Guerra Civil, poniendo en valor y en evidencia las carencias del vigente sistema político español, en el que la soberanía reside en el poder de la dirección de los partidos políticos —y no en los ciudadanos—, en la partitocracia.
Un sistema político de acumulación de poderes y no representativo que, tras la muerte del dictador Franco y en ausencia de un periodo democrático y constituyente, se arrogó el dominio del régimen de la transición con la misma arbitrariedad con la que ahora, al margen de la soberanía nacional, se erige en motor de una reforma constitucional hacia un incierto modelo confederal del Estado, en el que la Monarquía, que antes reinstauró el dictador Franco, y avaló los cambios —no constituyentes— de la transición, participa como convidada de piedra en las sorprendentes e improvisadas transformaciones que por la vía de hechos consumados nos conducen hacia nadie sabe dónde en menoscabo de la verdadera regeneración democrática y en pos del desprecio y la destrucción de todos los signos de identidad, Historia, unidad territorial y lengua de la nación española.
La nación española que el propio Zapatero se preocupó de menospreciar calificándola de discutida y discutible, con el solo objetivo de permanecer en el poder a lomos de los dirigentes y partidos más irresponsables del momento político español: ERC, Batasuna, IU, CiU y ERC. Y todo ello con la ayuda de un PSOE descapitalizado de dirigentes de nivel y responsabilidad nacional —su última habilidad ha sido la de anunciar un pacto de gobernabilidad entre el PSOE y Batasuna en el País Vasco—, y la complicidad descarada y acaparadora de favores de su entorno mediático, cultural y de propaganda electoral, el grupo editorial que ocultó y amparó la corrupción del felipismo.
Si alguien está pensando en utilizar la bandera de la República para tapar las vergüenzas de la transición, como con la transición se taparon las del franquismo, se va a equivocar. El ideal republicano —la Nueva República, que no puede ser hija de los errores de la II República, y de aquel dramático periodo de guerras, española y europeas, de miseria y trincheras ideológicas extremas que hoy no existen— no puede tener más objetivo que la recuperación de la soberanía ciudadana nacional, la separación de poderes del Estado, la representatividad electoral —al margen del poder de los partidos y eliminando, por ley electoral, el chantaje de las minorías nacionalistas al Estado— y la recuperación de las libertades plenas —sobre todo la de información y expresión— al margen de los grupos de presión editorial que hoy coartan y condicionan la crisis nacional, como desvirtuaron en su momento el objetivo democrático de la transición.
La Monarquía, si se plantea un periodo constituyente (como reclama ABC), y que le debe a los españoles un referéndum entre Monarquía y República, podría intentar un modelo original de convivencia (como el que en su día le ofreció Maurice Diverger al Conde de Barcelona, con la monarquía presidencialista) con el ideal republicano, pero para ello, muy difícil de llevar a cabo en la vigente diáspora y confusión del Estado en la que la Corona parece conformarse con un reino confederal, haría falta recuperar el sentido común y el rumbo de la política española con un pacto de urgencia supervisado por la soberanía nacional. Algo que se antoja casi imposible de imaginar. De ahí que a medio plazo la Nueva República —no heredera de la II República— tendrá algún día su oportunidad.
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